AST licita el suministro del botón del pánico en las sedes judiciales de Aragón

El Plan Justicia 2030, que es la concreción del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU, contempla diversas medidas para la modernización de la Administración de Justicia española el objetivo de obtener un servicio público de Justicia más eficaz, más eficiente y de mayor calidad.

El objetivo CID 164 a cumplir ante la Comisión Europea persigue la digitalización integral de la Administración de Justicia. En concreto, requiere que el 70% de salas de vistas estén digitalizadas y, además, se produzcan al menos el 30% de los procedimientos de forma digital a 31/12/2023.

Además de las instalaciones inherentes a la actividad procesal como los sistemas de gestión procesal, la grabación de vistas judiciales y su textualización, existe la necesidad de dotar a las sedes de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón de un sistema de alarma que permita activar la alarma y acción de los servicios de seguridad ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los miembros de la Administración de Justicia (jueces, fiscales y LAJ).

Este sistema, conocido como botón del pánico, deberá estar integrado con el resto de señales de seguridad de las sedes judiciales y, en el caso de las sedes de capitales de provincia, con el Centro de Control de Seguridad.

Para llevar a cabo estas actuaciones, se emplearán como origen de financiación los Fondos Next Generation (MRR), dentro del marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos fondos se enmarcan en la palanca IV “Una Administración para el siglo XXI”, el componente 11 “Modernización de las Administraciones Públicas”, Inversión 2 “Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado”, que tiene como objetivo una adopción más generalizada de la digitalización y el desarrollo de los servicios digitales en toda la Administración Pública. 

Para más información consultar la plataforma de contratación del sector público.